"La gente me señala con el dedo: es ella, la han echado de su casa porque es una bruja".

No son las palabras de una mujer del siglo XVI o XVII en Europa, es el testimonio de Christine K. de Bukavu, capital de la provincia Kivu Sur, al este de la República Democrática del Congo (RDCongo), en 2014. Las acusaciones de brujería contra mujeres son frecuentes en la parte oriental de la RDCongo, en las provincias de los Kivus, como lo muestran los mensajes enviados al sistema de alerta temprana, Femme Au Fone, que ha recibido seis mensajes (SMS) referentes a acusaciones de brujería, entre mediados de marzo y mediados de mayo; con el de Christine K., que no se atrevió a usar su teléfono y dio su testimonio en persona, son siete.

“Fue un sábado. Mi cuñada estaba enferma desde hacía tiempo y ese día murió. Recuerdo que mi marido y yo pasamos el día con nuestros hijos. Todo había sido normal. Pero por la tarde una llamada de teléfono hizo que él saliera de la casa sin decir nada. Por la noche volvió con sus hermanos, todos lloraban, llevaban el cadáver de su hermana que acababa de morir. Yo me levanté, me até a mi hijo bebé en la espalda y fui a ver qué pasaba. Salí al pasillo y vi que habían colocado el cuerpo de mi cuñada en la cocina, que es muy grande en mi casa. Antes de llegar al salón mi marido me arrancó al bebé de la espalda y entonces mis cuñados comenzaron a pegarme diciendo ´tú, bruja, ¡se acabó! Has exterminado a toda la familia, has matado a tu suegro, a nuestra hermana, y lo vas a pagar caro. Vas a comerte el cadáver de nuestra hermana o a resucitarla´. Yo no entendía nada de lo que pasaba, no me dejaban hablar y seguían pegándome. Entonces mi marido me empujó a la cocina y cerró con llave”.

Christine K. escapó de ser ajusticiada por su familia política gracias a la intervención de su padre aunque perdió la casa en la que vivía y a sus cuatro hijos mayores. Al principio, vivió encerrada en casa de sus padres con el más pequeño, con miedo a salir y la angustia de no poder ver a sus hijos. Christine K. no entiende lo sucedido y reflexiona: “Hacía 11 años que estábamos casados, todo iba bien; teníamos una bonita casa. Cómo puedes pensar que va a hacerte algo así”.

Brujería: una acusación histórica

Desde la Edad Media existen acusaciones de brujería contra mujeres. En general, eran mujeres que ejercían como parteras o que utilizaban hierbas y raíces para curar enfermedades. Se les acusaba por el incendio de una granja, por haber matado o haber provocado la muerte de personas, de animales o de cosechas. Nunca se las llevaba ante la justicia formal y siempre acababan siendo linchadas por la comunidad: justicia popular.
Los casos registrados por el sistema Femme Au Fone en Sur Kivu tienen características comunes: las personas acusadas siempre son mujeres y suelen acabar de forma violenta: quemadas vivas, apedreadas, apaleadas o expulsadas de su casa y su comunidad; a veces la comunidad las obliga a pasar por un proceso de limpieza o exorcismo por el que la familia debe pagar a la persona que realiza el rito. “Las autoridades deben reforzar los mecanismos de protección de las mujeres en estos casos; se impone el derecho a la vida, hay que sancionar a los culpables de esos actos de justicia popular y restablecer los derechos de las víctimas”, afirma la abogada, Julienne Muchagalusa, de la Asociación de Mujeres Juristas congoleñas (AFEJUCO) que representa a algunas de estas mujeres.

En el caso de Christine K. tras las palizas y el encierro junto a un cadáver, fue expulsada de su casa, de su barrio y separada de sus hijos. Se fue con lo puesto y unos días después decidió denunciar a su marido para exigir la custodia de sus hijos: “Decidí presentar el caso a la señora Honorine”.

Honorine Munyole es Coronel de la Policía, responsable de la protección de mujeres y de la infancia en la provincia. “Cuando le conté por lo que había pasado, convocó a mi marido para que explicara lo que me habían hecho pero él no vino. En vez de eso, mi familia política envió a una familiar a decirme que no estaba bien que hubiera ido a la policía y que la familia se iba a reunir para arreglar la situación entre nosotros”.

La familia del marido de Christine K. decidió que era hora de reconciliarse; pidieron disculpas e hicieron prometer a éste que iría a buscar a su mujer. Dos meses después, Christine K. seguía esperando volver a su casa y ver a sus hijos. En la policía el dossier había sido cerrado, como afirma la Coronel Honorine Munyole, “los casos se bloquean cuando la mujer que denuncia a su marido y que suele tener hijos, empieza a perder la fe, se siente sola, incapaz de llevar esa carga y cede ante la familia política y al temor de ser mal vista por la sociedad. Ese es nuestro gran bloqueo”.

Bloqueos para acceder a la justicia

Christine K. decidió volver a actuar para recuperar a sus hijos. A través del proyecto Femme Au Fone se puso en contacto, en febrero pasado, con una organización de abogados que ayudan de forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género. El abogado Grégoire Kasadi, de la Asociación Acción por la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas Desfavorecidas (APRODEPED) aceptó el caso. Tras ser declarada insolvente, Christine K. pudo presentar una denuncia contra su marido y pedir la custodia de sus hijos con asistencia de abogados Pro Deo como lo de APRODEPED, es decir, de forma gratuita.

El juez ordenó entonces una convocatoria para que el marido de Christine K. compareciera ante él. El Secretario del juzgado la redactó y la entregó al oficial de justicia responsable de entregar la convocatoria. Y ahí empezaron los problemas. “El marido se ha ido a vivir a Uvira, así que el secretario necesita dinero para desplazarse hasta allí, son unas tres horas de carretera de montaña al sur de Bukavu”, afirma Emile Milinganyo, abogado de APRODEPED.

“Yo no tengo dinero, mi bebé y yo seguimos viviendo con mis padres que con sus pocos medios me ayudan. La casa en la que vivíamos mi marido y yo está alquilada y él ya vive con otra mujer en Uvira, lejos. Aún no he podido ver o hablar con mis hijos. Esta situación me crea mucha angustia”, dice Christine K.

“Debería existir un fondo público en el sistema judicial para pagar estas cosas pero como no existe, se convierte en una carga para la denunciante. Si quieres que tu proceso salga adelante, pagas, si no todo puede durar siglos o nunca encontrar una solución. Y una vez que tu juicio sale, si quieres que sea redactado y sellado por la justicia, también tienes que pagar. Y en medio del proceso, los funcionarios de justicia siempre piden un pago”, denuncia Yvette Mushigo, jurista, especializada en Justicia de género.

Por un lado, el juez de la ciudad de Bukavu ya decretó que el caso pase al tribunal de Uvira; por el otro, los abogados de APRODEPED pedirán una comisión rogatoria, pero se trata de un proceso largo. “Si tuviéramos fondos podríamos presentar la denuncia directamente en Uvira, sería más rápido y ese hombre podría comparecer ante el juez”.

En las provincias Kivu Norte y Kivu Sur, lejos del poder en Kinshasa, el acceso a la justicia para personas sin recursos, como Christine K., existe gracias a organizaciones de juristas como APRODEPED porque, una vez puesta la denuncia, hay que tener medios económicos e influencias para que los juicios salgan adelante. “La justicia es solo para algunos y si hablamos de las mujeres, para muy pocas”, concluye Yvette Mushigo.