El 20 de febrero pasado se reunían en un salón de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Juan Carlos representantes del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y del Grupo de Trabajo de la sociedad civil para el seguimiento del II Plan de Acción Nacional de España sobre Mujeres, Paz y Seguridad (adoptado para el periodo 2017-2023) en las "JORNADAS DE APRENDIZAJE, CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO EN LOS ANIVERSARIOS DE BEIJING Y LA RES. 1325: Evidencias, enfoques y propuestas de la sociedad civil y las organizaciones feministas en España para el avance en la construcción de la Paz y la Seguridad". En ellas, el grupo o Plataforma 1325 instó al gobierno a dar relevancia a la Resolución de Naciones Unidas y su agenda sobre paz y seguridad y a contribuir a una implementación basada en los Derechos Humanos y la perspectiva de género.

Rosa Belén Agirregomezkorta, Directora Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM) y una de las principales exponentes de la Plataforma 1325 y de la organización de las jornadas, dice que algunos ministerios no saben cómo aplicar la Resolución 1325 en sus planes y programas, pero para el CEIM es una cuestión clara en aquellas áreas que guardan relación con la construcción de paz en las escuelas y la prevención de violencia en los hogares, por dar dos ejemplos que trasladan la agenda mujeres, paz y seguridad al ámbito del Estado español.

Durante las Jornadas se debatió sobre el concepto de Seguridad humana con enfoque de género. En líneas generales, hay organizaciones y entidades dentro de la Plataforma 1325 a las que preocupa que se acabe imponiendo un concepto de Seguridad humana militarista en vez de feminista, especialmente cuando se trata de amenazas a la seguridad interna como es el caso del denominado "extremismo violento". Por otro lado, el protagonismo y convencimiento de los Ministerios de Defensa, Exteriores e Interior en la aplicación de II Plan de Acción Nacional de España sobre Mujeres, Paz y Seguridad hace pensar en una Resolución bien entendida en misiones de pacificación en situaciones de posconflicto en terceros países, pero apenas conocida puertas adentro. 

El Grupo de Trabajo de la sociedad civil para el seguimiento del II Plan de Acción Nacional (PAN) se amplió hace pocos meses con la incorporación de nuevas socias. Tampoco todas ellas tienen claro qué hacer con la Resolución de la ONU más allá del ámbito de la Cooperación al desarrollo, ni cómo dar seguimiento en España al Plan que tiene vigencia hasta 2023.

En 2015, España tenía asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que añadido a las buenas críticas recibidas por parte de la entidad internacional a las políticas de igualdad y prevención de violencia doméstica, obligaron al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del Partido Popular, a diseñar un Plan de Acción, a concretarlo y a dialogar con las oenegés sobre su implementación, “cosa a la que, hasta ese momento, se habían negado haciendo oídos sordos al respecto”, recuerda Rosa Belén Agirregomezkorta, quien lleva años trabajando para que el Estado asuma sus obligaciones en materia de garantías para los derechos humanos de las mujeres.

Desde entonces, el Grupo 1325 de la sociedad civil fue cobrando fuerza hasta institucionalizarse en su rol de veeduría ciudadana sobre la marcha de la implementación de la Resolución 1325 y su PAN en España. Hoy cuentan con tres portavocías: una del movimiento feminista, otra de las oenegés y una tercera de la Academia.

El Grupo 1325 es responsable de dar seguimiento al Plan de España, es decir, hacer interlocución con el gobierno, informes de seguimiento, recomendaciones, etc. El reconocimiento del Gobierno llegó en 2016 y hoy son 21 entidades entre oenegés, Academia y Movimientos feministas.