“Un acuerdo en justicia transicional en el actual proceso de paz aumentará la credibilidad en el proceso y, por ende, la perdurabilidad de la paz; acrecentará la confianza en los acuerdos, porque éstos no serán un intercambio de impunidades”. Con esta advertencia inicia el documento presentado por un grupo de organizaciones de mujeres colombianas a la mesa de negociadores de la paz, en La Habana.

LolaMora: Si se aceptan las condiciones que ustedes han entregado a los negociadores en La Habana puede crearse un precedente histórico, ya que por primera vez, no se aceptarían amnistiados de ningún bando, responsables de crímenes sexuales, en unas negociaciones de paz. ¿Es correcta esta afirmación?

María Adelaida Palacio Puerta: La afirmación es correcta; adicionalmente, acoger nuestra propuesta también sería una forma de recoger y darle vigencia a los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, desarrollados jurisprudencialmente por los tribunales penales internacionales, que han tenido la posibilidad de analizar este tipo casos y han respondido a las ausencias en la ley con tratados internacionales.

Desde Colombia para el mundo

“Un acuerdo en justicia transicional en el actual proceso de paz aumentará la credibilidad en el proceso y, por ende, la perdurabilidad de la paz; acrecentará la confianza en los acuerdos, porque éstos no serán un intercambio de impunidades”. Con esta advertencia inicia el documento presentado por un grupo de organizaciones de mujeres colombianas a la mesa de negociadores de la paz, en La Habana.

El documento, Cinco Claves para abordar la violencia sexual en los acuerdos sobre justicia transicional, marca la diferencia entre un acuerdo de paz con perspectiva de género y uno sin ella, uno que pasaría a engrosar las filas de negociaciones de paz ciegas a los derechos de las mujeres y, por lo tanto, condenadas al fracaso.

María Adelaida Palacio Puerta es abogada de la Corporación Humanas, una de las organizaciones impulsoras de este paso que puede representar un antes y un después en el enjuiciamiento de las violencias sexuales como crímenes de guerra.

El documento plantea la “imposibilidad de amnistía en delitos sexuales y la necesidad de una pena privativa de la libertad para ambas partes, pasando por la reflexión que tiene en cuenta que las cárceles que hoy tiene Colombia son indignas y que no es allí­ donde deben pagarse las penas que se definan en justicia transicional”.

Los negociadores deberán hablar de crímenes sexuales

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa explican a los negociadores de las FARC-EP y del gobierno de Juan Manuel Santos que las consecuencias de una amnistía para los crímenes contra las mujeres son previsibles, porque la violencia de género contra las mujeres tiene una lógica propia en tiempos de paz y de guerra. Y exponen uno de los pilares claves para una paz duradera en el país: “Rechazar la violencia sexual en la guerra es un mensaje claro a toda la sociedad y a las generaciones venideras para que se supere la condena mediática de este crimen y se pase a su sanción legal. (…) El tránsito a la paz exige un modelo de justicia transicional centrado en las víctimas, que garantice sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como elementos que no pueden concebirse aislados ni intercambiables”.

Si los negociadores colombianos de la paz tienen la voluntad requerida para el caso, el hito puede ser histórico: la Corte Penal Internacional –que tiene en su haber casos de crímenes sexuales pero ni una sola sentencia al respecto- tendría un espejo en el que mirarse; y la Resolución 1325 de Naciones Unidas -sobre la participación de las mujeres en los procesos de negociación de paz y postconflicto- tendría un primer referente mundial que poner como ejemplo.

“La Mesa ha recibido muy bien nuestro documento, hemos tenido la oportunidad de entregarlo directamente a la Subcomisión de Género”, dice Adriana Benjumea, directora de Corporación Humanas, que impulsa la iniciativa junto a la Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer y Jineth Bedoya, periodista secuestrada, torturada y violada por el ahora ex preso paramilitar alias JJ.

Verdad, justicia y reparación

Las cinco claves propuestas por las mujeres son: 1. Un comunicado conjunto del gobierno y las FARC EP con el compromiso expreso e inmediato para erradicar la violencia sexual. 2. Una comisión oficial de la verdad histórica sobre la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. 3. Un tratamiento diferenciado de la violencia sexual con respecto a los restantes delitos. 4. Un programa especial para mujeres y niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual, que garantice medidas que reparen el daño. Y 5. Un plan que integre medidas concretas y estructurales que contribuyan a asegurar una sociedad incluyente e igualitaria con las mujeres y las niñas, con el fin de evitar la repetición.

La violencia sexual como arma de guerra, terror y tortura, utilizada en el conflicto colombiano por todos los actores armados, es un hecho documentado y reconocido, a pesar de la persistente impunidad. Además, según el Estatuto de Roma, constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad, aunque en raras ocasiones sus víctimas reciben justicia o reparación.

Por esta razón, las medidas hacen hincapié en los máximos responsables: “es fundamental perseguir a quienes tienen mayor responsabilidad en los hechos, por ello se propone abarcar a los agresores directos y a los jefes del grupo y comandantes de grupos armados legales o ilegales quienes por acción u omisión pueden ser responsables”.

Evitar el intercambio de impunidades

En el Foro sobre Participación Política, destinado a recoger propuestas de la sociedad civil para llevar a la mesa de negociación de la paz de Colombia, las organizaciones de mujeres lograron colocar una serie de temas fundamentales, entre las más de 400 propuestas enviadas a la Mesa de Diálogo de La Habana. Entre ellos: igualdad para acceder al poder en instituciones del Estado; representación paritaria; representación de las mujeres en cargos de decisión; igualdad de género como principio rector de los partidos políticos.

No ha ocurrido igual con la violación sexual.

El peso de las evidencias (miles de testimonios registrados en los últimos 20 años), no ha facilitado el camino a quienes luchan por ver reconocidos estos crímenes entre los más graves cometidos por guerrillas, paramilitares, grupos post desmovilización y Fuerza pública, durante décadas de enfrentamientos.

La directora de Humanas reconoce que “es un tema un poco esquivo al movimiento de mujeres en Colombia; pero nosotras nos atrevimos a plantear este documento” y concluye que es “un paso fundamental aunque no pudimos lograr que otras organizaciones de mujeres y plataformas se unieran a este documento. Creo que el punto más fácil es el tema de la pena, pero hoy cuando Arturo Alape dice que la guerrilla estará dispuesta a penas privativas de la libertad, es muy importante que las organizaciones lo exigiéramos primero y, que en la memoria histórica del país, también quede que organizaciones de mujeres no guardamos silencio ante un futuro de pactos de paz sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres”.

Además del documento presentado en La Habana, el grupo lanza una campaña para divulgar las medidas, por lo que cada día sonará una clave de las 5 que componen la propuesta.