”Cada vez más mujeres ´le están entrando´… por muchos años no se ha visto esto", Sitlali Pérez Vásquez, líder naua de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Cualac, Guerrero, México.“Nosotros gritamos a todas las luces, a todos los vientos, aquí la mujer vale, aquí la mujer participa, aquí la mujer cuestiona, aquí la mujer propone, pero la verdad luego muchos compañeros [de la policía comunitaria] ¿qué hacen en su casa? ¿Cómo tienen a sus esposas? Y luego ¿Quiénes son realmente las que más destacan en el trabajo?”

Son las preguntas que hace Sitlali Pérez Vásquez, líder naua de la Policía Ciudadana y Popular (PCP), de Cualac, uno de grupos de autodefensa comunitaria que se han organizado en los últimos años, en la montaña de Guerrero, ante la necesidad de protegerse del crimen organizado, el saqueo de recursos naturales y la violencia.

Que una mujer indígena sea líder de un movimiento ciudadano quiebra muchos esquemas en estos municipios. A pesar de ello, Sitlali señala que de un año a esta parte los hombres han ido modificado su conducta y el trato hacia la mujer en Cualac: “Si antes veías que con morbosidad te hablaban, ahorita ya no lo hacen... Además, cuando las mujeres ven a una mujer que está hablando pues también se animan, ahora sí se avientan a decir lo que piensan (…) Cada vez más mujeres y chicas jóvenes le están entrando....por muchos años no se ha visto esto”.

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Entrevista realizada por Karla H.Mares, Agencia Subversiones y Andalucha (@Andalalucha) en Chiaucingo, durante el primer aniversario de la Policía Comunitaria del municipio de Cualac, Guerrero, México.

Al tiempo que las comunidades guerrerenses y michoacanas se organizan, las mujeres también están buscando poner freno a la violencia sufrida por generaciones, y a la que poco caso se ha prestado dentro de la aplicación de los derechos consuetudinarios: la violación sexual e intrafamiliar, el tráfico y la venta de niñas y niños, la negación del derecho a decidir, la muerte materna, el abandono familiar,  la falta de derechos económicos, y un largo etcétera. “Ahí empezamos una lucha de ideologías entre hombres y mujeres, pero no para destruirnos, sino para practicar la soberanía popular... Empezamos a organizar talleres, pero no solo con las mujeres sino también con los hombres”, indica Sitlali.

Cherán, Zitlaltepec, Olinalá

Las mujeres purepechas tuvieron un papel protagónico en la comunidad de Cherán, en el estado colindante de Michoacán cuando, en 2011, 13,000 ciudadanos se levantaron contra el crimen organizado y los talamontes. En esta comunidad se articularon procesos de reflexión profunda con el fin de renegociar el papel de las mujeres. Poco a poco, y venciendo múltiples obstáculos, también las mujeres me`phaa, na`savi, ñancue, y naua participan en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entidad de vigilancia y justicia comunitaria formada en 1995, que integra a más de 70 comunidades de la montaña de Guerrero.

En 2010, la CRAC albergó el primer encuentro de mujeres de la montaña en Zitlaltepec, allí se presentó “la Carta de los Derechos de las Mujeres”.

“Nosotras las mujeres nos organizamos para defender nuestros derechos, pero algunos hombres no están de acuerdo, porque creen que la carta es para que haya pelea entre marido y mujer. Les queremos decir que eso no es verdad, [esto es para que] nos respeten y reconozcan nuestros derechos. Queremos decirles a los otros comités de mujeres que no se sientan solos, porque ahora todas estamos juntas...”, decía, por aquel entonces, Cándida Vázquez Penafort, presidenta del comité de mujeres de Zitlaltepec en testimonio recogido por Desinformemos. A pesar de su fuerza, esta carta de derechos todavía no es muy conocida en la montaña guerrerense. Sin embargo, como Sitlali Pérez, cada vez son más las líderes comunitarias que están asumiendo protagonismo público.

Es también el caso de Nestora Salgado, lideresa comunitaria que participó en el proceso constituyente de la policía del municipio de Olinalá –  paralelo al de Cualac – y que se ha hecho tristemente famoso por la criminalización que ha sufrido.

“Estábamos cansados de que nuestras autoridades no hicieran nada, ellos no tenían ojos ni oídos, tuvimos que organizarnos por necesidad... A qué íbamos a esperar, ¿a que nos mataran? Pues no.  Nos han puesto muchas piedras en el camino pero no ha sido tanto la delincuencia. El problema más grande aquí ha sido el ayuntamiento (…) Yo no le tengo miedo a los sicarios, le tengo miedo a que el gobierno me desaparezca”, señalaba Nestora Salgado, en julio del año pasado.

Un mes después, el gobierno mexicano la acusaba de “secuestro agravado en perjuicio de seis personas” por ejercer su labor de policía comunitaria, a pesar de que existía en el Estado de Guerrero una ley (107) que reconocía la entidad jurídica de la misma. Poco después, Salgado era internada, de forma express, en una cárcel federal en Nayarit, a más de 1.000 kilómetros de Olinalá. Su caso no es un asunto aislado. Como señala Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “entre agosto y diciembre de 2013, el gobierno del Estado de Guerrero ejercitó acciones penales contra 68 personas vinculadas a las policías comunitarias. 13 de ellas permanecen privadas de la libertad”.

Tratamiento informativo y acuerdos

En el tratamiento informativo que hacen medios mexicanos y extranjeros del tema están ausentes, casi por completo, las voces de las mujeres y los análisis profundos, aquellos que explican las diferencias entre los grupos de policía comunitaria de raigambre popular y aquellos cuya participación y financiamiento resultan obtusos.

Cuando el pasado mes de enero, la noticia sobre la confrontación armada entre grupos de autodefensa comunitaria en Michoacán y el cartel de los Caballeros Templarios recorrió por unos días las portadas de periódicos y agencias, la cobertura mediática tomó tintes militaristas y se mezcló con la exotización de “una única mujer armada” en artículos que parecen responder a un universo masculino extraído de la industria del videojuego: “Bonita resguarda su localidad patrullando con su pistola y su rifle R-15 en la cintura, pero eso sí, con jeans entallados y las uñas pintadas”.

“Ingobernabilidad”, “paramilitarismo” o “guerra civil” fueron términos con los que se describía a un pueblo alzado en armas, con quien el gobierno federal se sentó a negociar. El resultado de esas negociaciones fue la integración de los grupos de autodefensa comunitaria en las estructuras del estado federal y estatal a través de los resucitados “Cuerpos de Defensa Rurales” o en las policías municipales.

Este acuerdo ha levantado toda clase de especulaciones y sospechas en el, ya de por sí, enrarecido ambiente de la región mexicana, en el que la delincuencia organizada ha corrompido o nace de los diferentes órganos de gobierno del estado de Michoacán.

Algunos analistas apuntan a la inconstitucionalidad de los acuerdos o a la creación de grupos paralimitares. Si, como muchos testimonios señalan, “ninguna autoridad pudo cumplir con su función (de proveer seguridad) porque todas ellas eran parte de estos carteles o estaban en la nómina de estos carteles” ¿qué significado tiene un acuerdo de estas características? Y, una vez más ¿dónde quedan el papel y los derechos de las mujeres rurales? En ninguno de los artículos contemplados en los acuerdos aparecen mencionadas ni ellas ni sus reclamos específicos.

Más información en:

- Historia y participación de las mujeres en la Comunitaria

-Las mujeres en La Montaña de Guerrero: el otro brazo de la justicia comunitaria

- Entrevista a Nestora Salgado, coordinadora regional de autoridades comunitarias en Olinalá.

- Entrevista a José Manuel Mireles Valverde, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec.