La cárcel no resuelve el problema de las drogas. La cárcel es el límite que se impone a la fuga de estas mujeres; y, en el orden patriarcal, el límite de la rebelión femenina es la autoridad masculina de la que les cuesta desprenderse. La acción represora del Estado castiga a estas mujeres valiéndose de la cárcel, con la convicción de que merecen la violencia física y simbólica del sistema punitivo. Fragmento del libro “Mujeres en prisión por delitos de drogas: espejo de las fisuras el desarrollo” de la investigadora Luz Piedad Caicedo Delgado, subdirectora de la Corporación Humanas Colombia.

Los acuerdos de paz de Colombia han colocado a la comunidad internacional, fundamentalmente a la Unión Europea y a Estados Unidos, frente a varios retos relacionados con la lucha mundial contra las drogas.

El primero es el desafío de que Colombia reduzca al mínimo las hectáreas dedicadas a plantas de hoja de coca que, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) son alrededor de 146.000. La oficina, en su informe de 2017, afirma que, paradójicamente, es el doble de las que había antes de 2016; un aumento progresivo desde 2014 que experimentó un pico al alza desde la firma de los acuerdos de paz y la consiguiente retirada de las FARC-EP de zonas bajo su control.

El investigador colombiano Ricardo Vargas, asociado al Transnational Institute, de Holanda, aporta una información relevante relacionada con las exportaciones de cocaína. Vargas dice que según el Programa de Identificación de la Cocaína (CSP por sus siglas en inglés) “aproximadamente el 90% de las muestras de cocaína [analizadas] tuvieron como origen Colombia” en 2015. Es decir, Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo.

El segundo reto es dar viabilidad económica a los cultivos sustitutivos de la hoja de coca, como el cacao, la pimienta, el palmito, la piña o el café. Y el tercero está relacionado con la implementación de políticas de reducción de daños en consumo y la aplicación del enfoque en derechos humanos.

La paz a la que se comprometieron el gobierno y las extintas FARC-EP (convertidas ya en partido político) depende de dos cuestiones centrales como son una reforma integral rural y la “solución al problema de las drogas”. Por esta razón, Colombia se ha convertido en un laboratorio de experimentación, no es el primero pero sí el único en ensayar políticas de sustitución como condición de un acuerdo de paz tras más de medio siglo en guerra. Equipos expertos en drogas de todo el mundo miran hacia Sudamérica; mientras, las y los cultivadores de hoja de coca esperan que con este acuerdo sean beneficiados de forma justa y por primera vez en la historia del país.

Desde Holanda, Perú y Argentina, tres personas expertas en Derechos Humanos y políticas de drogas dan su visión sobre el impacto que tienen dichas políticas sobre las libertades fundamentales, la salud, la producción alternativa y el desarrollo rural, así como la justicia penal con enfoque de género.

Luciana Pol, investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina; Roger Rumrill, analista del Perú, experto en la región amazónica; y Martin Jelsma, coordinador del "Programa Drogas y democracia" del Transnational Institute (TNI), de los Países Bajos, hablan de la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas más afectadas por las políticas contra las drogas. En el caso de Colombia, se trata de miles de familias cultivadoras de hoja de coca, de consumidores y de aquellas personas a quienes se vulneran sus derechos cuando son encarceladas por delitos menores, no violentos, relacionados con el micro tráfico de sustancias psicoactivas.

Las tres entrevistas fueron grabadas en junio, en la ciudad de Bogotá, durante la Consulta Regional “Desarrollo de Lineamientos Internacionales sobre Derechos Humanos y Control de Drogas”.