Es urgente realizar un estudio en Sudán del Sur para determinar el número real de mujeres que mueren durante el parto porque el último es del año 2006 y abarcó a todo el territorio de Sudán, norte y sur, cuando eran un solo país. Según el estudio Sudan Household Health Survey, la tasa de mortalidad materna era de 2.054 muertes por cada 100.000 nacimientos, una de las más altas del mundo.

¿Cuál es la dimensión real del problema? Fuentes locales apuntan a que el número podría llegar a 3.000 muertes por 100.000 nacimientos pero tampoco es un dato confiable. Lo cierto es que la tarea es ingente y el problema no es prioridad nacional.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) pocos países tienen razones de mortalidad materna extremadamente altas, superiores a 1.000 por 100.000 nacidos vivos. Sudán del Sur es uno de ellos, de hecho, tras su independencia del norte, Sudán del Sur carga la etiqueta de ser el país con la mortalidad materna más alta del mundo: 16 mujeres mueren diariamente al momento de dar a luz.

Las principales causas de esta altísima mortalidad materna están relacionadas con el hecho de que el 90% de las mujeres da a luz en casa sin asistencia de un médico o de una partera; el escaso cuidado que reciben de sus maridos; la pobreza; la falta de centros médicos en áreas rurales y las enormes distancias hasta llegar a un puesto médico. A esto se suma la práctica ancestral de algunas etnias de entregar en matrimonio a las jóvenes en cuanto han tenido su primera menstruación, lo que resulta en el casamiento –y consecuente embarazo- de niñas entre 12 y 14 años.

El embarazo y el parto son las dos causas principales de muerte de mujeres en el nuevo país. Ni los conflictos fronterizos que persisten con la República de Sudán ni los enfrentamientos entre etnias sur sudanesas por el control del agua, el ganado o el territorio provocan tantas muertes diarias de mujeres.

Niñas-mamá

El pasado mes de junio, con motivo del Día Internacional del Niño y de la Niña, un pequeño grupo de escolares salió a las calles de Juba, la capital de Sudán del Sur, para decir no al matrimonio de niñas. Acompañados por la música de tambores y vestidos con el uniforme que identificaba a sus respectivos colegios, estudiantes y maestros coreaban consignas para exigir respeto a sus derechos y la erradicación del matrimonio infantil.

El acto de cierre contó con la presencia de representantes de varios ministerios, de Unicef y de algunas organizaciones nacionales que trabajan con menores sobre prevención de embarazo en adolescentes. Janet Michael, del Ministerio de Salud, habló del derecho de los menores a vivir como niños porque “cuando se les obliga a casarse se les fuerza a ser adultos, provocándoles traumas con consecuencias físicas y psicológicas (...) Las niñas mueren de infecciones porque sus cuerpos no están preparados para llevar en sus entrañas a un bebé. Muchas tienen anemia y desnutrición, a veces acaban con fístula y son condenadas a vivir con ello para el resto de sus vidas”.

Michael recordó que en algunas zonas rurales del país persiste la práctica de tener sexo con niñas porque se presume que no portan VIH SIDA.

Micahel, quien es directora de la División de Enfermería y Parteras del Ministerio de Salud, advierte de que es hora de tomar el problema en serio y de que el gobierno invierta más fondos destinados a disminuir la mortalidad materna “si no todos acabaremos perdiendo”.

Por su parte, la Vice Ministra de Género, Infancia y Bienestar, Priscilla Nyayang Joseph, aportó cifras: “casi la mitad de nuestras niñas entre los 15 y los 19 años están casadas. En 2011, justo en el momento de nuestra independencia, el 39% de los estudiantes de primaria eran niñas y solamente el 30% terminaban la secundaria (…) Debemos proteger los derechos de nuestras niñas a elegir marido y a decidir cuándo quieren casarse”.

La vida de las niñas no ha mejorado desde la separación de la República de Sudán pero hay una pequeña diferencia: las mujeres que forman parte del primer gobierno de esta nueva república africana tratan de colocar en la agenda pública nacional dos temas espinosos: la erradicación de una práctica ancestral como es el matrimonio de niñas y la urgente necesidad de destinar más fondos y planes a la disminución de la mortalidad materna.

La vaca como dote

La ley ordinaria del país establece la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio pero la ley consuetudinaria de usos y costumbres obra de otra manera. El matrimonio no es una cuestión entre dos individuos sino un acuerdo entre dos familias y un asunto de la comunidad a la que pertenecen. Una familia puede comprometer a sus hijas a la temprana edad de 10 ó 12 años, aunque permanezcan en el hogar paterno hasta un poco más tarde.

En la práctica, hay niñas que son entregadas a muy temprana edad a hombres desconocidos y mayores que ellas. La vaca es el animal que se entrega como dote; cuantas más vacas se reciban por una hija, más poder y prestigio obtendrá su padre. Así sucede por ejemplo entre los dinkas, cuenta Ferrán Puig, Director de Intermón-Oxfam en Sudán del Sur, “los dinka son nilóticos, viven de la ganadería y profesan culto a la vaca. La ganadería es dominio del hombre y la agricultura de la mujer. Mientras la dieta alimentaria básica sale de la tierra, el prestigio y el poder residen en la ganadería, raramente comen o venden vacas, las vacas son para atesorarlas. La agricultura está desprestigiada porque es el universo de las mujeres aunque es lo que da de comer”.

Trabajar en la agricultura para tratar de mejorar técnicas milenarias de cosecha o de arado entre los dinka es parte de la misión que desarrolla Intermón Oxfam en el país; y dedicarse a la agricultura es dedicarse a mejorar la vida de las mujeres, a empoderarlas porque “las mujeres viven mucho maltrato por el asunto de la dote, ellas pasan a ser propiedad del hombre una vez que son casadas”, dice Puig. El cálculo aproximado que hace la organización española es que 200 vacas pueden representar unos 60.000 euros. “El hombre piensa que tiene todo el derecho sobre la mujer, incluso te dice: 'Para qué invertir en un burro (para labores del campo) si tengo a mi mujer por la que he pagado´”.

Seguridad humana para las mujeres

La investigadora y experta en cuestiones de género Lydia Stone, autora de varios documentos sobre la presencia de las mujeres en las guerras libradas contra el norte; la situación actual de las mujeres o la aplicación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas en el nuevo país, afirma que cuando se habla de seguridad en Sudán del Sur, la atención se centra en conflictos armados y enfrentamientos entre milicias. Para Stone sin embargo, seguridad humana significa proteger a la población de las amenazas a su salud y bienestar y, en este sentido, cree que la mayor amenaza a la seguridad de las mujeres del país, lo que atenta realmente contra su vida, es quedarse embarazada.

Ni siquiera en la capital del país la atención es adecuada. Unos chalets blancos, antiguos, de estilo inglés y rodeados de campas verdes acogen a enfermos y familiares en el hospital público de Juba, Teaching Hospital; un único centro para atender a más de 300.000 personas que viven en la capital y a todas las que puedan llegar del interior del país.

Allí está también la maternidad. La falta de camas para atender a todos los pacientes, la falta de instrumental médico y el bajo número de profesionales complican la situación a todos, incluyendo a las que van a dar a luz. El hospital cuenta con unas diez camas para pre y post natal.

Los motivos que provocan la muerte durante el periodo de embarazo o en el momento del parto son infecciones, hemorragias o hipertensión gestacional. La situación en las zonas rurales se complica por la ausencia de un médico o de una partera y porque apenas hay transporte para trasladarse a un centro de salud.

La División de Enfermería y Parteras del Ministerio de Salud reconoce que hay una partera por cada 125.000 mujeres y que a la mayoría les falta preparación para enfrentar dificultades, como las que acarrea el hecho de encontrarse con una niña embarazada de apenas 12 años, cuyo cuerpo no está preparado para parir, con altos niveles de desnutrición o con enfermedades como malaria.

La mortalidad materna en el mundo

Las cifras globales de mortalidad materna continúan siendo inaceptablemente altas: en el mundo cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. La OMS afirma que en 2010 murieron 287.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado.

Mejorar la salud materna es el quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. Los países se comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990 y hasta el presente, el número de muertes ha disminuido en un 47%.

Un informe conjunto de Unicef, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la OMS y el Banco Mundial titulado Tendencias de la mortalidad materna entre 1990 y 2010 muestra que, entre 1990 y 2010, el número anual de muertes maternas cayó de 543.000 a 287.000 –que representa aproximadamente el 47%-. El informe advierte de que los avances son sustanciales en casi todas las regiones del mundo excepto en muchos países del África Sub sahariana.

El reto en Sudán del Sur es gigante pero está demostrado que la mortalidad materna se puede reducir. Por eso es crucial que el asunto sea definido como un problema nacional que requiere recursos, planes y personal. Desde organizaciones nacionales e internacionales y ministerios relativos a salud, género e infancia y educación se plantean estrategias para reducir los altos índices de mortalidad materna como la profesionalización de las parteras, la aprobación y ejecución de planes de educación y salud con perspectiva de género, la protección efectiva de los derechos de las niñas y la erradicación total de una práctica ancestral como es el matrimonio de niñas.

Para encaminarse hacia la eliminación total de dicha práctica, los legisladores deberían hacer un cambio formal en la nueva Constitución, prevista para 2014, que consista en marcar los límites del derecho consuetudinario que ejercen los pueblos ancestrales de este país.