A la sombra de los volcanes crece el terror: más de 100.000 denuncias anuales por casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Guatemala es como el cuento de Alicia en el país de las maravillas, un baile de cifras que crecen y se encojen al antojo de los poderes públicos y los filtros de acceso a la información. La ejecución de la inequívoca sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el estado guatemalteco, en el caso de la joven María Isabel Veliz, sigue pendiente.

El pasado mes de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hacía pública la sentencia del caso María Isabel Veliz, la joven de 15 años desaparecida, torturada, violada y asesinada en 2001. La sentencia de la Corte condenaba al estado guatemalteco por violar los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley y a la protección judicial, así como por vulnerar los derechos del niño, y los de no discriminación bajo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, entre otros.
Por todo ello, ordenaba, como medida de reparación, conducir una investigación sobre el caso, realizar un acto de disculpas públicas, poner en marcha la Ley contra el Femicidio (aprobada en 2008) y capacitar a los funcionarios públicos vinculados a la investigación de casos de homicidio de mujeres, entre otros.

A pesar de que el 31 de enero de 2015 vencerá el plazo para el cumplimiento de esas medidas, a día de hoy, ninguna de esas medidas ha sido completada. Según la Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) -organización que acompañó a la madre de María Isabel Veliz durante parte del proceso- “la única acción que el estado de Guatemala ha hecho ha sido comunicarse con la CoIDH para saber dónde colocaba el fondo de asistencia a víctimas”.

El delito más denunciado

La contundencia de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano es innegable. 483 mujeres murieron de manera violenta entre el 1 de enero y el 31 de agosto, lo que significa una tasa de 6 por cada 100 mil habitantes mujeres, según registra el Grupo Guatemalteco de Mujeres en su informe “Análisis de las muertes violentas de mujeres-MVM en Guatemala”, publicado en agosto de 2014.

También la Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) afirma que la violencia contra las mujeres ha aumentado en los últimos años a pesar de que el gobierno trata de obstruir el acceso a la información. “El gobierno está intentando invisibilizar el fenómeno reportando únicamente aquellos casos de muertes violentas de mujeres que llegan a los juzgados especializados y ocultando aquellas denuncias de violencia que llegan a las comisarías de policía o a los juzgados ordinarios y que son, en realidad, la mayoría -dice Giovana Lemus, de la REDNOVI-. No obstante –continúa- hoy es más visible esa violencia contra las mujeres y es el delito más denunciado si sumamos las 57.000 denuncias anuales por violencia intrafamiliar y las 48.000 denuncias anuales por violencia contra las mujeres”.

REDNOVIA asegura que el 98% de las denuncias quedan en la impunidad y que se están cambiando las audiencias y repitiendo los procesos con el objetivo de absolver a los agresores, “al menos en el periodo de la Dra. Claudia Paz y Paz (ex fiscal general de Guatemala), teníamos claro que había un deseo desde arriba de luchar contra la violencia feminicida, ahora con la cooptación de la Corte Suprema, no está claro”, dice Lemus.

Es un contexto de cerco normativo al que se suma la llamada Ley de Túmulos, la ley aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Comunicación que criminaliza la protesta social y la Ley General de Telecomunicaciones, con el pretexto de un paquete de competitividad, deja el control de las misma en férreas manos.. Además del hecho de que el aparato del Estado -incluyendo sus fuerzas públicas- se ha puesto al servicio de las transnacionales. En este escenario, ha aumentado el número de muertes de mujeres vinculadas a la violencia que caracteriza a la usurpación de territorios llevada a cabo por empresas nacionales y multinacionales, con el fin de explotar las riquezas naturales.

Giovana Lemus, activista implacable que lucha contra la violencia hacia las mujeres en este contexto, es una de las tantas personas golpeada por este contexto. Lemus, quien acumula cinco demandas en sus espaldas, asegura que en Guatemala se registran hoy más de 2.500 conflictos derivados de la minería. “A pesar de que a más de dos años de las demandas no han aportado pruebas para la denuncia, y yo sí he presentado pruebas que han desestimado las acusaciones, el proceso se alarga... y aunque tengo suficiente fuerza como para seguir adelante, ahora, por ejemplo, no puedo ir a manifestaciones porque me agarran presa. Nos hemos ido por la vía de la resistencia pacífica y estamos intentando que no judicialicen a más compañeras”, dice Giovana Lemus. El círculo jurídico parece recomenzar de nuevo: agotar los recursos internos para llamar, si es preciso, a las puertas de la justicia internacional, con el ánimo de acabar con la violencia y la impunidad y honrar la memoria de aquellas que todavía deberían seguir entre nosotras.