Tribunal simbólico contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano

Un tribunal único, importante y que marcará un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad por los crímenes sexuales, así es como calificaron las cinco juezas el Tribunal simbólico contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, que se celebró en Bogotá el pasado 26 de septiembre.

Un tribunal organizado por la Corporación Humanas de Colombia, que contó con testimonios en primera persona de mujeres víctimas de crímenes por parte de todos los actores armados en diferentes provincias del país, peritajes y preguntas de las juezas sobre cada uno de los casos que debían juzgar.

En marzo de 2010, en el sur de Colombia, un miembro de la fuerza pública violó a Luna, una niña de 14 años, le propinó una paliza y la amenazó de muerte a ella y a su familia. Este fue uno de los testimonios que pudieron escucharse en el Tribunal de Bogotá. Y a él le siguió la pregunta: ¿Qué va a hacer el Estado para que las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia?

Las cinco juezas –una chilena, dos españolas, una guatemalteca y una norteamericana- emitieron una Declaración cuyos tres fallos principales son: exigir el fin del conflicto armado colombiano como la única vía para terminar con la violencia sexual sistemática cometida por todos los actores involucrados; conformar una comisión de la verdad, justicia y reparación para los crímenes sexuales del conflicto colombiano; y nombrar el delito y escribir los testimonios, como medida contra el olvido.

El Tribunal de Bogotá es simbólico pero trascendental. “Hemos logrado que todas las organizaciones de mujeres y aquellas que trabajan el tema se sumen al tribunal, es la única vez en la historia de Colombia que hay unanimidad en torno a un asunto, y éste ha sido los crímenes sexuales”, declaró a LolaMora Producciones Cecilia Barraza, directora de la Corporación Humanas.

El fallo del Tribunal no es vinculante pero emite una sentencia condenatoria para los perpetradores de los crímenes y –lo que es más importante- una sentencia que condena al estado colombiano que, a pesar de tener leyes progresistas y una institucionalidad consolidada, no pone los medios para resolver los casos y evitar la impunidad.

Perder el miedo, romper el silencio y hablar en público a pesar de poner en peligro su vida o la de su familia; durante los dos últimos años la Corporación Humanas documentó casos de crímenes sexuales en gran parte del país, con la ayuda de numerosas organizaciones de mujeres, y preparó los testimonios que formarían parte del Tribunal. Ninguna autoridad del gobierno de Juan Manuel Santos se presentó. aunque sí lo hizo la Fiscalía.

La justicia colombiana aún considera la violencia sexual contra las mujeres como un crimen de segunda categoría. Tampoco es un tema prioritario en la agenda del gobierno, a pesar de las declaraciones vinculantes de Naciones Unidas, como la Resolución 1325, de obligado cumplimiento para un país como Colombia, sumido en un conflicto armado donde el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla.

El Tribunal de Bogotá fue simbólico pero no por ello menos importante.